Editoral: San Cristobal 25-Feb-2014

Si existe algo que los pueblos nunca olvidan es a sus gobernantes cuando estos se convierten en verdugos. Entre los gobernados y sus mandatarios debe existir una inquebrantable línea de respeto, que no puede ni debe ser arrollada por las iras y las arbitrariedades de quien siendo provisionalmente dueño del poder lo ejerce como si fuera para siempre. 

Lo ocurrido en San Cristóbal y en el estado Táchira es un ejemplo claro de cómo la represión, cuando el gobierno desiste del diálogo y la negociación, sólo debe ser usada como último recurso y nunca con afanes de exterminio, destrucción y muerte de la población.

Desde luego que para ello se necesita que el mandatario tenga suficiente formación política, que esté dotado de una imprescindible educación civil que lo ate firmemente a la Constitución nacional y a los principios fundamentales del respeto de los derechos humanos, y que, por encima de todo, tenga el valor y el coraje para controlar con mano férrea los cuerpos policiales, la indebidamente llamada Guardia del Pueblo y a los jefes militares que estén actuando en las zonas de emergencia.

Pero nada de esto ha ocurrido en Táchira y mucho menos en su capital, San Cristóbal, donde a raíz de las marchas estudiantiles y las consecuentes manifestaciones del pueblo tachirense en las calles, el señor Maduro no ha dado pie con bola y más bien ha transformado el derecho de protestar en un acto criminal y de guerra, que debe ser combatido ya no por las fuerzas policiales normales y corrientes que tiene cada gobernación, sino por la indebidamente denominada (lo repetimos) Guardia del Pueblo, con sus tanquetas y armamento inadecuado para controlar el orden público.

No contento con ello y quizás por ser un amateur en cuestiones presidenciales, seguramente le hizo caso al flamante capitán Cabello y decidió enviar mil paracaidistas para acordonar la ciudad y quizás tomarla por asalto a sangre y fuego, como si los tachirenses constituyeran una fuerza extranjera que ha invadido el “sagrado suelo de la patria”, como diría don Cipriano Castro, militar curtido en batallas de verdad y no en griterías destempladas desde la presidencia de la Asamblea Nacional.

Como si no bastara con semejantes barbaridades, ordenó el vuelo rasante de aviones de combate sobre San Cristóbal para asustar a los muchachos y muchachas que, con la piedra en una mano y la bandera de Venezuela en la otra, gritaban consignas contra Maduro y su mal gobierno. Nada del otro mundo, nada que no ocurra en Rusia o en Estados Unidos, en México o en Argentina, es decir, estudiantes en la calle protestando contra el poder con valentía y coraje, sin estar escoltados o protegidos por paramilitares rojo rojitos, prolijamente entrenados para herir y matar a “los enemigos” del proceso.

Pero a ciertos gobernantes inexpertos les gusta hacer sentir su poder siempre y cuando no estén a la cabeza de las fuerzas que se enfrentan y no expongan su vida a las consecuencias de la violencia que ellos mismos provocaron. El señor Maduro, quizás, en el fondo de su corazón de la patria, quisiera hacer de San Cristóbal tierra arrasada, como los romanos con Cartago, vaya usted a saber. 

Lo que sí es cierto es que es el acto militar y represivo más estúpido e irracional que se haya tomado en los últimos cien años en Venezuela porque esa enorme violencia oficial desatada contra un pueblo desarmado sólo va a generar una respuesta de rechazo que, en el transcurso de los meses, llevará a convertir San Cristóbal en una ciudad mártir, en la cuna de una próxima rebelión civil, en el centro nacional de la resistencia política contra un gobierno titubeante, confuso e inmaduro, valga la redundancia.