Venezuela: El legado corrupto de Hugo Chavez

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Venezuela: El legado autoritario de Chávez

Notable concentración de poder y abierta indiferencia por los derechos humanos fundamentales

5 DE MARZO DE 2013

Al inicio de su segunda presidencia, la concentración de poder y la erosión de garantías de derechos humanos permitieron que el gobierno gozara de plena discrecionalidad para intimidar, censurar y perseguir judicialmente a venezolanos que criticaban al presidente o se oponían a su agenda política.

(Nueva York) – La presidencia de Hugo Chávez (1999-2013) estuvo marcada por una alarmante concentración de poder e indiferencia absoluta por las garantías básicas de derechos humanos, señaló hoy Human Rights Watch. 

Tras sancionar una nueva constitución que consagró amplias garantías de derechos humanos en 1999 – y superar un breve golpe de estado en 2002 – el Presidente Chávez y sus partidarios desplegaron una estrategia de concentración de poder. Tomaron el control del Tribunal Supremo de Justicia y debilitaron la capacidad de periodistas, defensores de derechos humanos y otros venezolanos de ejercer sus derechos fundamentales. 

Al inicio de su segunda presidencia, la concentración de poder y la erosión de garantías de derechos humanos permitieron que el gobierno gozara de plena discrecionalidad para intimidar, censurar y perseguir judicialmente a venezolanos que criticaban al presidente o se oponían a su agenda política. En los últimos años, el presidente y sus partidarios han empleado estas facultades en una gran variedad de casos resonantes, que han repercutido negativamente en amplios sectores de la sociedad venezolana. 

Muchos venezolanos continuaron criticando al gobierno. Sin embargo, la posibilidad de sufrir represalias – a través de acciones estatales arbitrarias o abusivas – obligó a periodistas y defensores de derechos humanos a medir las consecuencias de difundir información y opiniones críticas del gobierno, y socavó la capacidad de los jueces de pronunciarse en casos con fuertes implicancias políticas. 

Ofensiva contra la independencia judicial

En 2004, el Presidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia, agregando 12 cargos a los 20 integrantes del tribunal, que fueron ocupados por partidarios del gobierno. El Tribunal Supremo, ahora integrado abrumadoramente por miembros leales al gobierno, ha dejado de actuar como contralor del poder ejecutivo. Sus magistrados han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han expresado su compromiso con la promoción de la agenda política de Chávez. Este compromiso se ha reflejado en las sentencias dictadas por el tribunal, que han avalado una y otra vez la indiferencia del gobierno frente a los derechos humanos. 

Existen jueces de tribunales inferiores que han recibido fuertes presiones para no emitir pronunciamientos que puedan disgustar al gobierno. En 2009, el Presidente Chávez exigió públicamente que se condenara a 30 años de prisión a una jueza luego de que esta concediera la libertad condicional a un conocido crítico del gobierno que había estado en prisión preventiva durante casi tres años sin ser juzgado. La jueza a cargo de esta causa, María Lourdes Afiuni, fue detenida y permaneció más de un año en prisión preventiva, en condiciones deplorables. Actualmente sigue cumpliendo arresto domiciliario. 

Ofensiva contra la libertad de prensa

Durante la presidencia de Chávez, el gobierno incrementó radicalmente su capacidad de controlar el contenido de los medios de radio, televisión y prensa del país. Sancionó leyes que ampliaron y endurecieron las penas previstas para quienes emitan declaraciones que “ofendan” a funcionarios públicos, prohíben la difusión de mensajes que “fomenten la zozobra en la ciudadanía” y permiten que el gobierno suspenda arbitrariamente canales de televisión, estaciones de radio y sitios web. 

El gobierno de Chávez intentó justificar sus políticas en materia de medios de comunicación, calificándolas como medidas necesarias para “democratizar” los canales de señal abierta del país. Sin embargo, en vez de fomentar el pluralismo, el gobierno abusó de su potestad regulatoria para intimidar y censurar a sus críticos. Amplió de uno a seis el número de canales de televisión administrados por el gobierno, a la vez que adoptó medidas enérgicas para reducir la disponibilidad de medios de comunicación que ofrecen una programación crítica del gobierno. 

En respuesta a la cobertura periodística crítica, el Presidente Chávez amenazó reiteradamente con quitar del espectro de señales de aire a estaciones y canales privados, impidiendo que se renueve su licencia de transmisión. En 2007, en un acto de discriminación política flagrante, su gobierno impidió que RCTV, el canal de televisión más antiguo del país, renovara su licencia y confiscó sus antenas de transmisión. Tres años después, excluyó de la televisión por cable a RCTV al obligar a los proveedores de televisión por cable del país a dejar de transmitir su programación. 

Luego de la exclusión de RCTV, Globovisión fue el único canal importante que mantuvo una postura crítica del presidente. El gobierno de Chávez inició investigaciones administrativas contra Globovisión en forma reiterada, y como resultado este canal ha estado expuesto constantemente al riesgo de suspensión o cierre. También denunció penalmente al presidente del canal, uno de sus dueños mayoritarios y un comentarista invitado luego de que criticaran públicamente al gobierno. 

Las medidas de sanción y censura contra medios privados durante el gobierno de Chávez han repercutido fuertemente en emisoras y periodistas. Si bien en la prensa escrita aún es habitual que se critique duramente al gobierno, en Globovisión y otros medios se ha generalizado la autocensura por temor a sufrir represalias del gobierno. 

Rechazo al examen de la situación de derechos humanos

Además de neutralizar al poder judicial como garante de derechos, el gobierno de Chávez manifestó su repudio al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, eludió cumplir sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e impidió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos efectuara una visita in loco de los problemas de derechos humanos en el país. En septiembre de 2012, Venezuela anunció que denunciaría la Convención Americana sobre Derechos Humanos, una decisión que priva a los venezolanos de un recurso que, durante años y en toda la región, ha constituido el mecanismo externo más importante para obtener una reparación por abusos, ante la inacción de la justicia a nivel interno. 

El gobierno de Chávez intentó además impedir que organizaciones internacionales efectuaran un examen de las prácticas de derechos humanos en el país. En 2008, el presidente detuvo por la fuerza y expulsó en forma sumaria a representantes de Human Rights Watch luego de que presentaran un informe donde se documentaban violaciones de normas de derechos humanos cometidas por su gobierno. Tras la expulsión de estos representantes, el entonces Ministro de Relaciones Exteriores Nicolás Maduro, designado ahora por Chávez como su sucesor en el poder, anunció que “cualquier extranjero que venga a opinar en contra de nuestra patria será expulsado de manera inmediata”. 

Durante la presidencia de Chávez, el gobierno también procuró desacreditar a defensores de derechos humanos acusándolos de recibir apoyo del gobierno estadounidense para desestabilizar la democracia venezolana. Si bien algunas organizaciones no gubernamentales locales han recibido fondos de fuentes estadounidenses y europeas —una práctica habitual en América Latina, donde el financiamiento por fuentes privadas es escaso— no existen pruebas creíbles de que la independencia e integridad del trabajo de estos defensores se hayan visto comprometidas por la ayuda internacional. No obstante, en 2010 el Tribunal Supremo determinó que las personas u organizaciones que reciban financiamiento del exterior podrían ser juzgadas por “traición a la patria”. La Asamblea Nacional sancionó una ley que impide a organizaciones dedicadas a la “defensa de los derechos políticos” o el “control sobre los poderes públicos” recibir financiamiento internacional. También estableció severas multas para las organizaciones que “inviten” a extranjeros cuyas opiniones “ofendan” a las instituciones del gobierno. 

Apoyo a gobiernos represivos

El Presidente Chávez rechazó también los esfuerzos internacionales para promocionar los derechos humanos en otros países. Venezuela votó consistentemente en contra de las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas que condenaban las prácticas abusivas de Corea del Norte, Myanmar, Irán y Siria. Respaldó públicamente al presidente sirio Bashar al-Assad, al presidente libio Muammar Gaddafi y al presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, y además distinguió a cada uno con la “Orden del Libertador”, la máxima condecoración oficial otorgada por Venezuela. 

El principal aliado de Venezuela durante la presidencia de Chávez fue Cuba, el único país de América Latina donde se reprimen sistemáticamente casi todas las formas de disenso político. El Presidente Chávez señaló a Fidel Castro – quien se mantuvo al frente del gobierno represivo en Cuba hasta que debió retirarse en 2006 por motivos de salud – como su modelo y mentor. 

Selección de algunos casos documentados en el informe “Venezuela: Concentración y abuso de poder en la Venezuela de Chávez”:

Después de que la Jueza María Lourdes Afiuni otorgara en diciembre de 2009 libertad condicional a un crítico del gobierno que había estado en prisión preventiva durante casi tres años, acusado de corrupción, el Presidente Chávez la calificó de “bandida” y afirmó que debía recibir una pena de “30 años” de prisión. Si bien la decisión de Afiuni cumplía con una recomendación de un grupo de trabajo de derechos humanos de la ONU —y era consistente con la legislación venezolana—, la Jueza Afiuni fue inmediatamente arrestada y un juez provisorio que había expresado públicamente su lealtad al Presidente Chávez ordenó que prosiguiera el caso penal en su contra. (En el sitio web del partido político del presidente, el juez escribió: “[p]or la revolución doy la vida” y “[n]unca traicionaría a este proceso ni mucho menos a mi comandante”). Afiuni pasó más de un año en la cárcel en prisión preventiva, en condiciones deplorables y junto con otras presas condenadas (incluyendo a muchas a quienes ella misma había condenado) que la amenazaron de muerte en reiteradas oportunidades. Ante las críticas cada vez más notorias por parte de organismos internacionales de derechos humanos, Afiuni fue autorizada en febrero de 2011 a permanecer en arresto domiciliario. Después de largas demoras, su juicio se inició en noviembre de 2012. Cuestionando la imparcialidad del juez a cargo de su caso, Afiuni se negó a asistir, pero el proceso continúa en su ausencia.

Después de que el periódico semanal 6to Poder publicara en agosto de 2011 un artículo satírico en el cual seis funcionarias de alto rango —incluida la fiscal general y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia— aparecían como bailarinas de un cabaret llamado “La Revolución”, dirigido por “Mr. Chávez”, las seis funcionarias solicitaron que se iniciara una investigación penal y que el periódico fuera cerrado. Al cabo de algunas horas, se dictaron órdenes de detención contra la directora del periódico, Dinora Girón, y su presidente, Leocenis García, acusados de “instigación al odio”. Girón fue detenida al día siguiente, permaneció bajo arresto durante dos días y luego le otorgaron libertad condicional. García permaneció oculto un tiempo, pero la semana siguiente se entregó a las autoridades. Estuvo preso durante dos meses y luego le otorgaron libertad condicional. Girón y García permanecen sujetos a investigación penal mientras sigue pendiente el juicio en su contra. Existe una orden judicial vigente que ordena al periódico abstenerse de publicar textos o imágenes que “se constituyan en una ofensa y/o ultraje a la reputación, o al decoro de algún representante de los Poderes Públicos, y cuyo objeto sea exponerlos al desprecio o al odio público”.

Después de que la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel apareciera en mayo de 2010 en un programa de televisión denunciando que militares de alto rango eran miembros del partido político de Chávez (una práctica prohibida por la Constitución venezolana), fue acusada en la televisión estatal de ser “agente de la CIA” y de “hacer llamados a la insurrección”, y en la revista oficial de las Fuerzas Armadas de intentar fomentar un golpe de estado en Venezuela. Además, la organización que dirige, Control Ciudadano, fue mencionada —junto con otras importantes ONG— en una denuncia penal presentada por varias agrupaciones de jóvenes que apoyan al partido político de Chávez. La denuncia acusaba a las organizaciones de cometer “traición” por haber recibido fondos de Estados Unidos. Luego de estos incidentes, San Miguel recibió reiteradas amenazas por parte de personas no identificadas. Si bien desconoce el origen de esas amenazas, considera que las denuncias en los medios de comunicación oficiales la han vuelto más vulnerable a este tipo de actos de intimidación.

Después de que el defensor de derechos humanos Humberto Prado criticara al gobierno, en junio de 2011, por su manejo de un motín carcelario, el ministro de justicia de Chávez lo acusó de intentar “desestabilizar el sistema penitenciario” y el vicepresidente manifestó que las críticas formaban parte de una “estrategia de desestabilización política... para intentar sacar provecho de esa situación”. A los pocos días de haber formulado estas denuncias, Prado comenzó a recibir amenazas anónimas, incluso llamados telefónicos en los cuales le decían que, si quería a sus hijos, debía mantenerse callado, lo cual lo llevó a irse del país por dos meses junto con su familia. Cuando se preparaba para regresar a Venezuela, recibió a través de un correo electrónico un documento adjunto que parecía ser una nota oficial de la Fiscalía General de la República, que indicaba que estaba siendo investigado penalmente por el delito de “traición”. (Tras su regreso, el fiscal cuyo nombre aparece en el documento le dijo que él no lo había escrito ni firmado). Prado continuó recibiendo amenazas de fuentes no identificadas. Al igual que San Miguel, cree que debido a las agresiones verbales por parte de funcionarios del gobierno Chávez se encuentra más vulnerable a tales actos de intimidación.

Después de que el canal de televisión más antiguo de Venezuela, RCTV, transmitiera un video en noviembre de 2006 en el cual aparecía el ministro de energía de Chávez diciendo a los empleados de la compañía petrolera estatal que, si no apoyaban al presidente, debían renunciar a sus trabajos, Chávez advirtió públicamente a RCTV y a otros canales que podrían perder sus concesiones de transmisión. (El presidente ya había proferido esta amenaza en muchas otras ocasiones cuando los canales transmitían contenidos críticos del gobierno). Un mes más tarde, el presidente anunció su decisión (unilateral) de que RCTV dejaría de ser “tolerada” en las señales de aire públicas una vez que se venciera su concesión al año siguiente. RCTV dejó de transmitir en frecuencias abiertas en mayo de 2007, pero continuó como un canal de cable. Desde entonces, el gobierno ha empleado sus facultades regulatorias para eliminar a RCTV también de la televisión por cable. En enero de 2010, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) determinó que RCTV era un “productor nacional audiovisual” y se encontraba, por lo tanto, sujeto a una serie de normas sobre radiodifusión recientemente adoptadas. Unos días más tarde, el ministro de comunicaciones de Chávez amenazó con iniciar investigaciones administrativas contra las cableoperadoras que transmitieran canales que no cumplieran con las nuevas normas. Como respuesta a esta situación, las cableoperadoras interrumpieron la transmisión de RCTV Internacional. Desde ese momento, los reiterados esfuerzos de RCTV por volver a registrarse ante CONATEL como un canal de cable han sido infructuosos. En la actualidad, RCTV sólo puede verse por Internet y ya no cuenta con un espacio de noticias por falta de fondos para producirlo.

Después de que Globovisión, el único canal de televisión crítico del gobierno con alcance nacional que queda en el país, brindara una extensa cobertura de un motín carcelario que tuvo lugar en junio de 2011 —transmitiendo numerosas entrevistas a familiares sumamente preocupados que manifestaban que las fuerzas de seguridad estaban matando a los presos—, el Presidente Chávez respondió acusando al canal de “incendi[ar] un país... con la única intención de derrocar a este gobierno”. Poco después, CONATEL inició una investigación administrativa por la cobertura de Globovisión de estos hechos de violencia. En octubre, determinó que el canal había “promov[ido] el odio por razones políticas y foment[ado]la zozobra en la ciudadanía”, y le impuso una multa de US$ 2,1 millones, que es equivalente al 7,5 por ciento de los ingresos obtenidos por la compañía en 2010. En la actualidad, existen otras siete investigaciones administrativas pendientes contra Globovisión; una de ellas por señalar que el gobierno no brindó al público información básica después de un terremoto y, más recientemente, otra por transmitir micros en los cuales se objetaba la interpretación que las autoridades han dado a los requisitos constitucionales para la asunción de Chávez en el 2013 tras su reciente reelección. En virtud de la Ley de Responsabilidad Social sancionada por el Presidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional, una segunda decisión administrativa contra Globovisión podría tener como resultado otra multa millonaria, la suspensión de la transmisión del canal o la revocación de su habilitación y concesión.

Después de que Oswaldo Álvarez Paz, un político opositor, apareciera en el principal programa de entrevistas políticas de Globovisión en marzo de 2010 comentando acerca de acusaciones públicas sobre el incremento del tráfico de drogas en Venezuela y sobre una sentencia judicial de España que se refería a una posible colaboración entre el gobierno venezolano y las guerrillas colombianas, el grupo separatista vasco ETA y otros grupos “terroristas”, el Presidente Chávez respondió, en cadena nacional, que estos comentarios “no se p[odían] permitir” e instó a los demás poderes del gobierno a “actuar”. Dos semanas más tarde, Álvarez Paz fue detenido y acusado de que sus comentarios, que difundieron “informaciones evidentemente falsas”, habían causado un “infundado temor” en la población. Álvarez Paz permaneció en prisión preventiva durante casi dos meses y luego se le otorgó libertad condicional. Su juicio finalizó en julio de 2011, cuando el tribunal lo declaró culpable y le impuso una condena de dos años de prisión. El juez le permitió a Álvarez Paz cumplir su pena en libertad condicional, pero le prohibió salir del país sin autorización judicial.

Después de que el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, en una conferencia internacional en marzo de 2010, criticara los ataques a la libertad de prensa perpetrados por Chávez y acusara al presidente de haber ordenado que se disparara contra manifestantes en el contexto del golpe de 2002, los legisladores chavistas pidieron que se realizara una investigación penal, y Zuloaga fue detenido tras ser acusado de los delitos de difusión de informaciones falsas y ofensa al presidente. Un juez pronto le otorgó la libertad condicional, pero en junio el Presidente Chávez insistió públicamente en que fuera arrestado nuevamente. Dos días después, miembros de la Guardia Nacional requisaron la vivienda de Zuloaga y, a la semana siguiente, un tribunal dictó una nueva orden de detención en su contra, por un caso distinto. Zuloaga abandonó el país antes de que dicha orden pudiera ejecutarse y no ha regresado.

Después de que Nelson Mezerhane, un banquero y uno de los principales accionistas de Globovisión, declarara, en una entrevista en diciembre de 2009, que personas “vinculadas” con el gobierno habían lanzado rumores que provocaron el retiro de depósitos de los bancos venezolanos, el Presidente Chávez lo denunció, solicitó a la fiscal general “que abr[iera] un proceso de investigación”, amenazó con intervenir el banco de Mezerhane y advirtió: “[t]elevisora que vuelva a pasar la raya a la violación de las leyes, al irrespeto a la sociedad, al Estado, a las instituciones, no puede, no debe seguir abierta”. Seis meses más tarde, la Fiscalía General de la República confiscó la vivienda de Mezerhane y sus acciones en Globovisión, mientras que la autoridad bancaria intervino su banco. La Fiscalía General también prohibió que Mezerhane saliera del país, pero él ya se encontraba en el extranjero cuando se dictó la orden y no ha regresado.

Tu Imagen TV, un canal de cable local del estado de Miranda fuera denunciado por un alcalde chavista en noviembre de 2010 por estar “sistemáticamente parcializado para favorecer a un sector político de oposición”, CONATEL ordenó a la compañía de cable local que interrumpiera la transmisión de este canal, argumentando que el canal y el proveedor habían incumplido con reglamentaciones recientes que exigían que las partes firmaran un contrato por escrito. Dicho contrato firmado se presentó ante CONATEL un mes más tarde, pero transcurrieron ocho meses hasta que se le autorizó a la compañía de cable reanudar la transmisión del canal. Y cuando finalmente lo hizo, según el director del canal, una autoridad de CONATEL amenazó a la compañía de cable con volver a sacarlo del aire si continuaba produciendo contenidos que criticaran al gobierno.

Después de que en la telenovela “Chepe Fortuna” apareciera una escena, en enero de 2011, en la cual un personaje llamado Venezuela, que había perdido a su perro llamado Huguito, le preguntaba a su novio: “¿Qué será de Venezuela sin su Huguito?” y él le respondía: “Vas a ser libre, Venezuela”, CONATEL exhortó al canal de televisión que la transmitía, Televen, a que “de forma inmediata suspendiera la transmisión” del programa, argumentando que promovía “la intolerancia política y racial, la xenofobia y la apología del delito”. Esta acusación podría dar lugar a sanciones civiles, penales y administrativas, incluida la suspensión o la revocación de la concesión del canal. Televen canceló el programa el mismo día.