Porque las sospechas con los resultados del CNE

Mientras mas mesas, mas Democracia - Adriana Vigilanza

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Muchos celebramos la decisión de Henrique Capriles de no firmar un supuesto  “Acuerdo” que el Consejo Nacional Electoral  (“CNE”) venezolano propuso durante la brevísima campaña electoral del 14-A, que consistía en hacer que los candidatos se obligasen a aceptar los resultados que ese ente cantara ese día, “no matter what”, es decir, “pasara lo que pasara”.  Esto, por muchas razones:

En primer lugar, no es democrático que los ciudadanos le den un cheque en blanco a ninguna institución. En democracia –y más en una que se jacta de ser participativa y protagónica-  los ciudadanos somos los primeros auditores de las instituciones. Y el CNE no escapa del escrutinio ciudadano.  ¿Acaso ninguno de los Rectores del CNE recuerda  la famosa “contraloría social” a la   que tanto anhelaba llegase su pueblo, el fallecido Presidente?  Pues bien, la sola idea de un “acuerdo” aprobatorio previo, a una gestión pública, está reñida con ese sueño de “rendición de cuentas”. Por cierto, tal petición del CNE debió lucir increíblemente extraña a los países democráticos del mundo, donde entes similares al CNE no pueden ni soñar con algo medio parecido a la aspiración de franca impunidad de gestión del CNE venezolano.

En segundo lugar, ya eran muchas las quejas de diversos sectores de la sociedad venezolana, contra la parcialidad manifiesta de un CNE que nació “con pecado original”, pues  la Constitución fue abiertamente violada por la forma cómo quedaron electos sus Rectores.  Los partidos políticos dominaron el “Comité de Postulaciones” de Rectores al CNE (eufemismo a un lado, quien  dominó ese Comité fue el partido de gobierno, único presente en la AN, como consecuencia de la abstención de la sociedad civil en el año 2005, en rechazo a la votación automatizada que se implementó en el año 2004 y los ya probadamente fraudulentos resultados del Referendo Revocatorio de ese año), contrariando así el Artículo 295 de la CRBV y aparte, al menos 2 de las Rectoras, mal postuladas, eran militantes del PSUV, incluso para el momento de su postulación, una “por el  Poder Ciudadano”  (Tania D’Amelio)  y la otra,  “por las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas” (Socorro Hernández). Hay que recordar que el artículo 296 de la CRBV, expresa textualmente:

“El Consejo Nacional Electoral estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos; tres de ellos o ellas serán postulados o postuladas por la sociedad civil, uno o una por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales, y uno o una por el Poder Ciudadano”

Dado este origen bastardo, no puede extrañar que un grupo de parlamentarios opositores, que lideraba María Corina Machado, le formulasen bien justificadas solicitudes al CNE, para que este último proceso electoral del 14 A, fuese limpio y justo, desde la campaña, hasta el escrutinio y la totalización  (Ver: http://diarioinforme.net/politica/maria-corina-machado-quedan-seis-dias-para-que-el-cne-pase-a-cumplir-lo-que-dice-la-constitucion). Muchas de esas solicitudes estaban fundamentadas en los motivos de una impugnación presentada el 30-10-2012, por un grupo de ciudadanos, en contra de las elecciones del pasado 7-O, impugnación sobre la cual el TSJ ni siquiera ha emitido auto de admisión.

A esos requerimientos, que el ente electoral nunca respondió, siguieron otras tantas solicitudes que hicieron prestigiosas ONG venezolanas, que trabajan el tema electoral (ver: http://porlaconciencia.com/?p=10241), así como las más de 100 denuncias que el propio Comando Simón Bolívar, del candidato Capriles, le presentó al ente comicial, por el pésimo desenvolvimiento de la campaña, signada por un obsceno ventajismo y un dolorosos abuso de poder de parte de entes estatales, que despilfarraban recursos públicos para favorecer al candidato oficialista y amedrentaban abiertamente a funcionarios-votantes, para que sufragaran por ese candidato. Un CNE, que no hace ningún caso  a nadie que no sea el Poder Ejecutivo,  pretendía pues salir eximido, es decir, ni siquiera presentar examen.

Pero eso no fue posible. El pueblo lo paró en seco, por los atropellos ocurridos el 14A, amparado  bajo el liderazgo que demostró Henrique Capriles. La comunidad y opinión pública internacional, por primera vez, concedieron que había “derecho a pataleo” de parte de una oposición que, en su afán de recomponer, valiéndose de la única arma que posee – el  voto-  la terrorífica situación a la que nos ha conducido un régimen entregado al castro-fascismo,  se negaba a cuestionar a ese “árbitro” electoral, bajo el chantaje que ella misma se impuso (con o sin razón, ya lo juzgará la historia, pero sin duda, con “una ayudaíta” de factores hoy abiertamente cuestionados por su pobre actuación ante el CNE, que hacen vida en su seno), de correr el riesgo de generar la abstención del electorado.

Al CNE no le quedó otra que aceptar ir a una auditoría, después de negarla ferozmente. Presiones hubo. La calle se calentó y las cacerolas no cesaban de ensordecerlo.  Algunos aducen que la auditoría fue aceptada para hacer más potable el apoyo “express”   (como lo fue la proclamación por parte del CNE y la toma de posesión, del candidato oficialista) del UNASUR, al muy cuestionado “triunfador”.  Pero, de nuevo, este arrogante CNE, sin atisbo alguno del humanismo socialista que profesa (sí, porque su ideologización “socialista” es palpable),  rechaza de nuevo someterse a un auténtico escrutinio ciudadano y pretende ser él mismo quien determine el tamaño y origen de la muestra que será objeto de esa “auditoría”, a la que accedió “a juro”, cuando debería ser el primer interesado en probar la transparencia de sus actuaciones.  Si antes pretendió pasar eximido, ahora pretende ponerse él mismo las preguntas del examen.  En  una auditoría así, los 20 puntos ya están garantizados.  Y ahora veamos por qué:

Al miércoles 17 de abril, los resultados electorales se distribuyeron, por centros de votación,  así:

No MESAS	CENTROS	VOTOS	CENTROS	VOTOS	MADURO
1	5571	1330865	40,74%	8,93%	68,05%
2	2604	1783617	19,04%	11,96%	59,27%
3	1575	1850839	11,52%	12,42%	53,24%
4	1045	1713359	7,64%	11,49%	49,80%
5	900	1886054	6,58%	12,65%	49,11%
6	807	2068532	5,90%	13,88%	46,98%
7	495	1488438	3,62%	9,98%	46,39%
8	267	920204	1,95%	6,17%	43,87%
9	410	1866058	3,00%	12,52%	41,73%
	13674	14907966	100%	100%

La condición base que impuso el CNE para determinar la muestra de la auditoría fue que serían “auditadas” sólo las mesas que no quedaron elegidas para ser abiertas, en el sorteo que lleva a la ineludible etapa del proceso electoral, denominada “verificación ciudadana”, que consiste en abrir cajas sorteadas al final de la votación, en la proporción que establece un instructivo del CNE, para cotejar el Acta de Escrutinio (o ”chorizo”), con el número de votantes en el cuaderno de votación y las papeletas que reflejan la elección del elector o “voto físico” .

Mediante esa premisa, queda descartada, de plano, la auditoría de los centros que tenían una mesa y una gran parte de los que tenían dos mesas (aquellos donde Maduro ganó con mayor diferencia), ya que el instructivo que regula la manera en que se llega al porcentaje global del 54% de todas las mesas electorales a ser escrutadas (en total, esas mesas son unas 39.696, más o menos, en todo el país), establece que si el centro tiene una sola mesa, esa mesa es la que debe abrirse, ya que, evidentemente, no hay “sorteo” posible en ese caso.  Y si el centro tiene 2 mesas, se abre 1. Entonces, esos centros se dan por “verificados por los ciudadanos” y no entran en el 46% que auditará el CNE.

Pero se engaña al país cuando se parte de asumir que todos esos centros fueron objeto de “verificación ciudadana”. La realidad es que la oposición, con mucho esfuerzo, habrá podido alcanzar a tener en su poder, escasamente un 20% de todas las “Constancia de Verificación Ciudadana”, que es la planilla que se llena cuando se hace la verificación.  Y ello es lógico, por varias razones, aplicables, principal y justamente, en los centros de 1 o 2 mesas.  Esos son los centros más complicados de custodiar y vigilar por la oposición.

En su gran mayoría, los centros de 1 o 2 mesas han sido creados con la “justificación” de acelerar la votación, al sacar mesas de centros más grandes – con mayor número de mesas-  o  acercar el voto a comunidades ubicadas en parajes poco poblados –lo que ya es unhándicap para una oposición que no cuenta con los infinitos recursos económicos con lo que sí cuenta el candidato oficialista, para quien hasta  la empresa petrolera estatal, PDVSA, compró o pagó flotillas de buses que hicieran el traslado de testigos y votantes-  pero también se los ubica cerca de campamentos guerrilleros, por ejemplo. O han sido creados en edificios donde se encuentran personas damnificadas (llamados “refugios”), que por constituir bastiones de hacinamiento de los más vulnerables,  abandonados allí a su suerte, suelen ser de una altísima marginalidad y peligrosidad, en especial para quienes, como los testigos opositores, no cuentan con el apoyo, seguro, de la FANB. Por el contrario, las milicias bolivarianas –componente armado no contemplado en la Constitución, absolutamente ideologizado y concebido al servicio de la Revolución- hacen allí “su agosto”, pues deambulan allí a su antojo.

No es causal, por tanto, que en esos centros el oficialismo siempre resulte vencedor.  La excusa eterna es que allí gana el oficialismo porque los electores de parajes recónditos –o los marginales-  se sienten atraídos por esa opción. Puede ser que exista ese factor. Pero, definitivamente, no es el único. Estos otros factores  –la ausencia de testigos opositores por miedo a la coacción de colectivos, milicias o guerrillas; el miedo de los electores de esos centros por la presencia de esos mismos grupos o a ser lesionados o despojados de los más elementales “beneficios” estatales, por la retaliación de que son objeto en Venezuela quienes se atreven a ejercer un voto contra el oficialismo (la nefasta “Lista Tascón”, más viva hoy que nunca), el voto artificialmente asistido, en casos en que no es necesaria tal asistencia, lo que es posible precisamente por la ausencia de testigos opositores-  también cuentan. ¡ Y cuánto!

Por eso, no extraña lo que arrojó el estudio de MARQUEZ-FEBRES, según el cual,  un 99.9% de los centros de una sola mesa, ubicados en zonas urbanas, tiene un comportamiento absolutamente atípico para el resto de la Parroquia a la cual pertenecen, obteniendo allí, el oficialismo, una considerable ventaja, que no se aprecia en centros de votación cercanos, de más de 3 mesas.  Cabe destacar que estos últimos centros representan el 40% de todos los centros electorales  del país y el 9% de la población electoral. Ver:  http://esdata.info/2012. Y de alguna manera, eso quedó evidenciado también en esta elección, como claramente lo deja ver la tabla antes incluida, donde en la medida que un centro electoral crece en mesas, la ventaja oficialista disminuye.

 Otro comportamiento anormal es el que refleja un estudio estadístico que circula por las redes sociales, basado en la data obtenida del propio CNE, para este 14A.  Ese estudio reveló que el 2% de los votos que no fueron escrutados en el primer boletín de resultados que dio el CNE, también se comportó de una manera absolutamente injustificable, estadísticamente hablando, si se los compara con el 98% de votos escrutados en el primer boletín, porque la diferencia de votos, a favor del oficialismo, en ese 2%, fue en la proporción de 69% a 31%, a favor del oficialismo, cuando en el tolete anterior, del 98%, fue de 49. 07% (Capriles) a 50,66% (Maduro).

Lo más probable es que ese diferencial haya provenido de los centros de 1 o 2 mesas que, o maravilla, quedaron excluidos de la auditoría, por obra y gracia de la sobrinísima decisión del ente a ser auditado, el propio CNE.

En definitiva,  el CNE solo admite “auditar”  -lo cual, para colmo de males, no incluye verificar papeletas ni cuadernos, según la Rectora Sandra Oblitas, y únicos elementos al alcance de la comprobación del ciudadano de a pie, contra los circuitos electrónicos que sólo poquísimos pudieran entender, pero jamás palpar-  las mesas de centros grandes, es decir, aquellos con más de 3 mesas, donde, mayoritariamente, ganó Capriles  ¿Es que alguien puede pensar que en esas mesas aparecerán irregularidades significativas?

Es absolutamente irracional la pretensión de un ente que está seguro de la calidad de su trabajo, de su transparencia y de su competencia, de no dejar que sea la oposición -o factores de la sociedad civil, como universidades, o gremios o ONG- quienes seleccionen las mesas que deben ser auditadas. Tampoco encuentra justificación alguna que el CNE se niegue a darle a la oposición un listado de las mesas que cuentan con “Constancia de Verificación Ciudadana”, que serían las mesas que todos los que deseamos la transparencia del proceso electoral –y principalmente el CNE- deberíamos estar más interesados en analizar.

Por cierto, este último requerimiento ya se lo formuló al CNE un grupo de jóvenes,  con relación a las elecciones del 7-O, sobre la base del Artículo 51 de la Constitución (“derecho de petición”) y la respuesta (verbal) que recibieron de uno de los Rectores fue que “eso debían pedirlo los Comandos de campaña”. ¿Y ahora, cuando un Comando de campaña pide una auditoría real, que incluya todo eso y el otro candidato ya le había  tomado la palabra, diciendo que “no tenía miedo” ¿A qué es a lo que le  teme el CNE?

Ante la sospechosa actitud de quien se niega a ser transparente, es lógico que muchos sectores de la oposición expresen un enorme temor, más que justificado, no sólo por la parcialización del CNE sino porque lo mismo nos hicieron con las “auditorías”, cuando el Referendo Revocatorio del 2004. La auditoría que en aquella ocasión que se hizo “en caliente”,  arrojó un resultado a favor de la opción opositora (Revocar el mandato). Esa opción obtuvo el 64% de los votos, mientras que el resultado final del referéndum fue del41%,; para la oposición. El CNE y el Centro Carter descartaron bufamente esa auditoría. Y eso que la muestra admitida para esa auditoría fue del 1%, lo cual  equivalía a abrir 199 cajas pero de ese número, a la oposición sólo le fue permitido presenciar la apertura  de 27 cajas, que fue donde el resultado le fue favorable. El Centro Carter dejó establecido en su informe que ellos también debían haber presenciado 6 actos de apertura de cajas y conteo de papeletas, pero que los funcionarios del CNE no  les permitieron estar presente sino en uno de los casos. Con todo eso, el CNE siguió adelante con una segunda auditoría,  3 días más tarde,  en la cual todos los parámetros para escoger muestra de cajas a ser auditadas fueron  impuestos únicamente por el CNE. Por supuesto,  la Coordinadora Democrática se rehusó a participar de tal farsa y por supuesto, también, el CNE sacó 20 puntos. Y el Presidente siguió en el poder.

La democracia debe ser lo más parecido al “Festín de Babette”. Un despliegue de sabores, de opciones; un banquete, opulento en derechos, donde no se le niegue  a los comensales (los electores) sino aquello que sea mínimamente necesario para salvar las buenas maneras en la mesa. No pueden ser los mendrugos lanzados a su  antojo por una bruja, a través de los barrotes de un calabozo donde  desea retener al futuro, para luego engullirlo salvajemente, como en el cuento de Hanzel y Gretel. Porque, como en ese cuento, con certeza, el futuro –los jóvenes-  va a imponerse.  Señores del CNE, rectifiquen. Sean transparentes.  Permitan a la oposición seleccionar la muestra de la auditoría. El futuro  está por alcanzarlos.

Adriana Vigilanza

@adrianavigi